- La alcaldesa Claudia López presentó públicamente la hoja de ruta para la población con capacidades diferenciales para los próximos 12 años. Esta nueva política busca beneficiar a cerca de 245.000 personas en condición de capacidad diferencial, sus familiares y cuidadores, con una inversión cercana a los 2,2 billones de pesos.

-  Este nuevo marco fue lanzado en un evento central liderado por la alcaldesa mayor, Claudia López, en el que se conectaron las manzanas del cuidado de las localidades de Suba, Usme, Bosa y Engativá.

- Entre las acciones, se plantea realizar cerca de 3.000 adecuaciones de infraestructura física de paraderos en términos de accesibilidad, con módulos braille, zonas de espera adecuadas y mobiliario.

- “Queremos que la educación y la salud, la movilidad y la infraestructura sean inclusivas y respetuosas. Y el otro gran objetivo es que las personas cuidadoras tengan voz y voto en las inversiones que hace la ciudad, en la infraestructura, en los programas, que no necesiten intérprete, y que tengan su representación en cada instancia” resaltó la alcaldesa López

- Esta política fue construida con participación de la población beneficiada, y por eso tiene aportes directos de quienes sufren de alguna capacidad diferencial. Así, la comunidad se apropia de esta política y tiene una participación activa y efectiva en todas las localidades”, explicó la secretaria de Integración Social, Margarita Barraquer.

- “Queremos una educación y una empleabilidad sin barreras. Promovemos la equidad y la autonomía para todos, y por eso incluimos en la política no solo a las personas en situación de capacidad diferencial, sino a sus familias y cuidadores”, dijo el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez.

Bogotá, D.C., 18 de mayo de 2023.- La alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, junto con la secretaria de Integración Social, Margarita Barraquer, presentaron oficialmente la nueva Política Pública de Discapacidad 2023 – 2034 para Bogotá.

Este documento sienta las bases para garantizar los derechos y la inclusión social de las cerca de 245.000 personas que hacen parte de esta población en la capital del país, así como a sus familias, cuidadoras y cuidadores, para los próximos 12 años.

La política, además, plantea una inversión cercana a los 2,2 billones de pesos. “No se trata de hacer 1.000 páginas de retórica, lo que hemos logrado es acordar cinco propósitos, entre ellos que moverse por la ciudad no sea una barrera, y que esté diseñada para las personas con condiciones diferenciales. Por eso seguimos empeñados en construir el Metro, en construir corredores verdes, en que la red semafórica sea para todos y todas", indicó la Alcaldesa Mayor.

"También nos hemos propuesto eliminar los prejuicios, porque la única capacidad diferencial realmente está en la cabeza de nosotros, y que a los niños y niñas con capacidades diferenciales los reciban en cualquier colegio. No queremos colegios especiales, queremos colegios inclusivos, hospitales inclusivos, y que todos los servicios sociales y administrativos sean para todos y todas”, insistió la alcaldesa mayor, Claudia López, durante su intervención.

Esta política, adoptada mediante el Decreto 089 de 2023, establece objetivos como un aumento de 4% en los recursos de inversión directa de los Fondos de Desarrollo Local, la vinculación de más de 106.000 personas con capacidades diferenciales y a 95.000 personas cuidadoras de personas con capacidades diferenciales a la Red de cuidado y salud colectiva de la rehabilitación basada en comunidad, la formación en disciplinas deportivas priorizadas a 43.770 niños, niñas, adolescentes y jóvenes con capacidades diferenciales; y entregar apoyo técnico, científico y social a 5.760 deportistas con capacidades diferenciales de alto rendimiento.

“Este es el paso más importante y más sólido que estamos dejando como Alcaldía, para que en 10 años digamos que le pudimos cumplir a toda la población con capacidades diferenciales y a sus familias”, manifestó el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, durante su intervención.

Tania Otavo, representante de organizaciones de personas con discapacidad cognitiva de Suba, agradeció a la actual administración por este avance, que cumple con el segundo objetivo de la política pública, garantizar la participación y representación de la población en los diferentes escenarios en condiciones de equidad.

En la nueva política se plantea realizar cerca de 3.000 adecuaciones de infraestructura física de paraderos en términos de accesibilidad, con módulos braille, zonas de espera adecuadas y mobiliario. Igualmente, se busca implementar el registro de personas cuidadoras de personas con capacidades diferenciales, capacitarlas en temas de fortalecimiento empresarial y productivo, brindar formación en habilidades para el trabajo y establecer una ruta de empleabilidad para la inserción laboral de esta población y de las personas que las cuidan, entre otros objetivos.

Vale la pena resaltar que esta nueva política define a la Secretaría Distrital de Integración Social como ente rector, encargado de hacer seguimiento con un índice para medir los niveles de inclusión social y productiva de las personas con capacidades diferenciales en cuatro dimensiones: educación e inclusión digital; salud, bienestar, protección y cuidado; cultura, recreación y deporte; y empleo y emprendimiento.

“Tenemos muchas barreras, tanto de actitud como de infraestructura, para comunicarnos y para entender a las personas con alguna capacidad diferencial. Por eso, las acciones que contiene la Política Pública son muy importantes para superar y eliminar esas barreras. Lo importante es que cuando las eliminemos, no se vuelvan a presentar”, sostuvo la secretaria de Integración, Margarita Barraquer.

La política estará conformada por 13 componentes, entre los que se destacan: inclusión digital de las personas con capacidades diferenciales; reconocimiento de las personas cuidadoras de personas con capacidades diferenciales; fortalecimiento de redes familiares y comunitarias; y transformación de paradigmas y representaciones sociales de las capacidades diferenciales.

Un punto a destacar en este proceso es que la Política es el resultado de un esfuerzo interinstitucional adelantado por el Distrito con los entes de control, la academia y representantes de organizaciones de personas con capacidad diferencial, entre otros, para identificar las causas de exclusión y discriminación sobre esta población.

Luego, en su fase de Agenda Pública, participaron 5.400 personas, se aplicaron 1.939 encuestas en las 20 localidades de Bogotá, se realizaron 71 diálogos y un foro de expertos, al que asistieron 180 personas y fue visto por otras 1.000.

Estos ejercicios permitieron identificar los elementos que dieron base a la Política Pública y a la construcción del documento de diagnóstico y factores estratégicos de la Política Pública de Discapacidad. Posteriormente, se llevaron a cabo diversos talleres de co-creación para definir los ejes en que se iba a estructurar la política pública. De esta manera, se pasó a la fase de formulación, en la que se contó con una amplia participación, con la intervención de 2.173 personas.

Gracias a todo esto, Bogotá ahora cuenta con 83 productos de política y un Decreto de Política Pública que guiará las acciones a favor de las personas con capacidades diferenciales y sus cuidadores y cuidadoras hasta el 2034.

Los cinco objetivos de la Política Pública de Discapacidad 2023 - 2034

1. Adoptar medidas para el desarrollo de capacidades, la autonomía y la atención integral, diversa y diferencial de la población con capacidades diferenciales.

2. Garantizar su participación y representación en diferentes escenarios y espacios, en condiciones de igualdad y equidad, con paridad.

3. Establecer medidas para la eliminación de barreras y el disfrute del entorno, territorio y medioambiente, como escenarios de interacción social accesibles e incluyentes.

4. Promover acciones afirmativas para la garantía de derechos y estrategias de transformación de paradigmas, estereotipos y representaciones sociales que fortalezcan su reconocimiento como sujetos de derechos.

5. Fortalecer las redes de apoyo y cuidado a partir de acciones individuales, familiares, colectivas, institucionales y sociales, bajo los principios de autonomía e independencia, en el marco de la garantía de sus derechos.